¿Y ahora qué?
El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral y encara ahora una dura negociación parlamentaria: "No hay vuelta atrás"
El contexto La reducción de la jornada laboral iba a aprobarse la semana pasada, pero se pospuso por el apagón. Ahora, la norma llega al Congreso, donde el Ejecutivo ahora mismo no tiene amarrados los apoyos necesarios para sacarla adelante. Y conseguirlos no va a ser fácil.
Resumen IA supervisado
El Consejo de Ministros ha aprobado la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, medida impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien la considera clave para mejorar la calidad de vida de más de 12 millones de trabajadores. Sin embargo, enfrenta obstáculos en el Congreso, especialmente por la enmienda a la totalidad anunciada por Junts, que considera la norma perjudicial para autónomos y pymes catalanas. Díaz ha instado al PP a apoyar la medida, mientras que los sindicatos, liderados por Unai Sordo, advierten de movilizaciones si persisten los bloqueos. Las negociaciones con Junts continúan, aunque el Gobierno es pesimista sobre un cambio de postura.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente este martes la reducción de la jornada laboral. Una rebaja del tiempo de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reivindicado como una medida para "ayudar a que la gente sea un poco más feliz" y que ahora pone rumbo al Congreso de los Diputados. Allí, sin embargo, enfrenta no pocos escollos para convertirse en realidad, incluida la amenaza de Junts de plantear una enmienda a la totalidad de la norma.
La reducción de la jornada es una de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo que dirige Díaz. Su aprobación en segunda vuelta en realidad estaba prevista para la semana pasada, pero tuvo que posponerse debido al apagón masivodel lunes, que centró las reuniones del gabinete en los días posteriores. Ahora, aprobada ya por el Ejecutivo, esta norma que, en palabras de la vicepresidenta, "cambia la vida de la gente" y, en particular, de 12,5 millones de trabajadores asalariados, "llega al Congreso".
"No hay retorno, no hay vuelta atrás", ha aseverado Díaz, que ha defendido que "el Gobierno de España ha cumplido" y "ahora tiene que hablar la soberanía popular". "Vamos a tener la oportunidad de saber qué va a hacer cada formación política", ha deslizado, en un momento en que el Ejecutivo no tiene amarrados los apoyos para sacar la norma adelante.
La vicepresidenta, sin embargo, está convencida de que lograrán el visto bueno de la Cámara Baja, como ha manifestado este mismo martes por la mañana al valorar los datos del paro. Días antes, coincidiendo con la manifestación por el Día del Trabajo, la titular del ramo ya proclamó que ese Primero de Mayo sería "el último" con una jornada de 40 horas.
Díaz interpela al PP: "¿Quiere dañar a su país?"
Por el momento, sin embargo, la realidad es que el Gobierno no tiene los apoyos parlamentarios necesarios y Díaz se ha dirigido directamente al Partido Popular, que, según ha dicho, "tiene una gran duda sobre qué hacer": si "tumbar la reducción de la jornada", como quiso hacer con la reforma laboral, o "deberse al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".
"Esta es la medida que más esperan el conjunto de los españoles y las españolas, le voten a quien le voten", ha subrayado Díaz, para quien la pregunta ahora es si Alberto Núñez Feijóo "va a maniobrar" para tumbar la norma. "¿Quiere dañar a su país?", ha lanzado la ministra, que ha incidido en que "esta norma sirve para cambiar la vida de la gente" y ahora "está en las manos de 137 diputados y diputadas del PP".
"Cuando alguien practica la política como arma de destrucción, se convierten en la nada", ha advertido Díaz, que ha insistido en que el PP ahora "tiene la oportunidad de demostrar si prefiere golpear al Gobierno o cambiar la vida de la gente".
Junts complica la tramitación
Pero el voto del principal partido de la oposición no es el único que complica la aprobación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso: este lunes, Junts anunciaba ya que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. En declaraciones citadas por Efe, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, aseguró que la norma es "un ataque frontal" a los autónomos y las pymes catalanas, cuya viabilidad "pone en riesgo".
"Nos encontramos con la puerta cerrada ante la posibilidad de negociar ni siquiera una coma de esta ley, que se ha negociado solo con los sindicatos españoles, dando la espalda al tejido productivo catalán", criticaba Nogueras, que tachó la reducción de jornada de "operación de propaganda". Así, Junts supedita la retirada de esa enmienda a la totalidad a que el Gobierno "esté dispuesto a negociar" con ellos. "Veremos si el Gobierno tiene ganas de negociar o no. Hasta hoy, no han tenido", deslizaba la diputada catalana.
Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta señalan que van a trabajarlo, pero son bastante pesimistas con la posibilidad de que Junts pueda cambiar de posición por la presión del empresariado catalán. Desde el Ejecutivo, no obstante, insisten en que es una medida histórica y que tarde o temprano acabará aceptándose.
Díaz, no obstante, ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "hay margen para la negociación". "Nadie se atreve a decir que está en contra", ha mantenido la vicepresidenta segunda, que lo atribuye a que "esta norma está ganada en la calle". De momento, las ayudas a pymes no están incluidas en la medida, pero en el Ejecutivo están dispuestos a negociarlo.
Advertencia de los sindicatos
En cualquier caso, si esa enmienda a la totalidad llega a pleno, el Gobierno no tiene mayoría para levantarla y no se podría tramitar la reducción de la jornada. Si consiguen llegar a un acuerdo antes de llevarla a pleno, Junts retiraría la enmienda de totalidad y sí se podría tramitar.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, tachaba ya el lunes esa enmienda a la totalidad de Junts de "fraude democrático" y denunció lo que calificó como "obstruccionismo" del partido independentista, avanzando que "la movilización sindical está garantizada" si los grupos parlamentarios "siguen cometiendo este fraude democrático". El sindicato, avisó, será "beligerante" con todos aquellos que "pretendan coartar un derecho de los trabajadores y las trabajadoras".
Ya durante la marcha por el Primero de Mayo, tanto Sordo y el líder de UGT, Pepe Álvarez, instaron a los grupos parlamentarios a no obstaculizar la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral. "Sería un timo a la democracia que los grupos parlamentarios impidan que se haga ese debate", aseveraba Álvarez.
Un arduo camino antes del Congreso
La reducción de la jornada se aprobó en primera vuelta en febrero y se esperaba que volviera al Consejo de Ministros a las pocas semanas, pero el trámite se ha ido dilatando. El acuerdo entre PSOE y Sumar, a propuesta del socio minoritario de la coalición, incorporaba una rebaja del tiempo de trabajo de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 este año, pero Díaz sacrificó la primera pantalla para ampliar la negociación con los agentes sociales, aunque finalmente no hubo acuerdo con la patronal.
Más allá de la mesa de diálogo social, el asunto generó un choque también dentro del propio Gobierno de coalición, al punto de que Díaz criticó la postura del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseverando que era "casi de ser mala persona". Si, pese a todo, la norma acaba superando también el trámite parlamentario, supondrá dos horas y media menos de trabajo a la semana que las empresas tendrían la obligación de restar antes de que acabe el año.