El Gobierno de Ayuso ignoró el plan del imputado Burgueño para dar asistencia 24 horas a las residencias durante la pandemia

Al inicio de la pandemia, hubo un plan para que las residencias de la Comunidad de Madrid, de las que los mayores no pudieron salir a hospitales por los llamados "protocolos de la vergüenza", tuvieran atención médica 24 horas. Pero no se aplicó. Así se deduce de un documento publicado este lunes por El País, un plan propuesto por el asesor que fichó entonces la presidenta Ayuso, Antonio Burgueño, y que se encuentro ahora investigado en uno de los dos procesos judiciales abiertos en Madrid por la gestión de la pandemia.

Según el documento de El País, de 49 páginas, Burgueño presentó un plan que recogía, según las palabras de este, un esquema con 270 medidas que incluía visitas de Atención Primaria (AP) a las residencias las 24 horas del día. Sin embargo, el plan de Burgueño no se llevó a cabo en el momento más grave de la pandemia, y el refuerzo que suponían esos profesionales sanitarios fue a parar al improvisado hospital de emergencias que se instaló en Ifema.

El documento expresa claramente que los residentes mayores sería atendidos en la residencias para "evitar que sean atendidos en camas de agudos de los Hospitales". Burgueño ya había expresado que él elaboró una propuesta de medicalización de las residencias que no se llevó a cabo.

Además, según este periódico, el propio Burgueño asegura que no había vuelto a ver el documento en cinco años, que se sintió ignorado por el Gobierno de Ayuso y que terminó yéndose a los pocos días por la puerta pequeña.

En su análisis, El País compara el plan de Burgueño con el presentado por el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 12 de marzo, en el que el Gobierno madrileño también propuso medicalizar las residencias.

Pero la realidad que denuncian los familiares de residentes fallecidos personados en ambas causas es que los mayores no fueron atendidos y fueron discriminados frente a los que tenían seguro privado.

Imputado en una, a punto en otra

Antonio Burgueño está imputado en la primera causa abierta en el Juzgado nº 3 de Plaza de Castilla, junto al director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, que más tarde sustituyó a Mur.

La jueza Isabel Durántez citó en primer lugar a los dos altos cargos para después llamar a declarar a Burgueño en la misma causa, abierta tras un claro cambio de estrategia de los familiares de fallecidos, que buscan ahora demostrar un delito de discriminación en la asistencia sanitaria.

En su declaración en la otra causa, que llega un juzgado de Leganés, y a la que acudió como testigo, Burgueño afirmó que él fue nombrado "mando único sanitario" en una reunión a la que asistió la propia Isabel Díaz Ayuso, para trazar una estrategia para afrontar la crisis de COVID-19.

El exasesor, ideólogo de la privatización de los hospitales madrileños con Esperanza Aguirre, tuvo que dejar de declarar porque la jueza suspendió la sesión al realizar esa declaración, que le ha situado al borde de la imputación también en este caso.