Las dudas de varios países que tumban la propuesta de hacer oficial al catalán, el euskera y el gallego en la UE

Finalmente el catalán, el euskera y el gallego no serán lenguas oficiales en Bruselas. Al menos por el momento. España ha retirado su propuesta tras no lograr la unanimidad necesaria de los Veintisiete. Varios países de la Unión Europea habían expresado este martes sus dudas financieras y legales al inicio de la reunión donde iban a tratar la cuestión. "Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura", decía el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas.

En este sentido, apuntaba que hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.

En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, aseguraba que "Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes. También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, ha subrayado que "aún hay cuestiones legales y sobre los costes".

En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado los os con sus socios europeos e intentará hasta el último momento conseguir el respaldo unánime que necesita su petición, según ha dicho este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Para tratar de vencer las reticencias que a día de hoy siguen teniendo varios socios para que la UE pase de 24 a 27 lenguas oficiales, el Gobierno ha introducido cambios en su propuesta inicial, que se remonta a agosto de 2023. Así, España prevé que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.

España, además, insiste en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.

El Gobierno alega también que los tres idiomas están reconocidos como lenguas cooficiales en la Constitución española y que se pueden utilizar ya en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que la UE debe aceptar su oficialidad, una demanda que el Ejecutivo elevó a Bruselas a petición de Junts per Catalunya.

El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE y organiza, por tanto, las reuniones de ministros, ha asegurado a su llegada hoy al Consejo de Asuntos Generales de la UE que habrá "una decisión" sobre la cuestión, lo que no implica que se vaya a votar la propuesta. Los ministros pueden debatir hoy la cuestión sin llegar a una conclusión definitiva sobre la oficialidad de las lenguas y dejar el asunto para más adelante, como ha ocurrido hasta ahora.

Consecuencias reales de convertirse en lengua oficial

Si el catalán, el gallego y el euskera llegaran a ser lenguas oficiales de la Unión Europea, eso implicaría una serie de cambios reales en el funcionamiento de las instituciones europeas.

Estas lenguas podrían usarse en el Parlamento Europeo plenamente. Es decir, los eurodiputados podrían hacer sus intervenciones en catalán, gallego o euskera con traducción simultánea. También se aceptarían en el Consejo de la UE y en la Comisión Europea documentos oficiales y comunicaciones en estas lenguas. Y además, se tendrían que traducir todos los textos legales de la UE (como directivas y reglamentos).

En lo que afecta directamente a la ciudadanía, éstos podrían comunicarse con cualquier institución de la UE (por carta, formulario, etc.) en catalán, gallego o euskera y recibir respuesta en la misma lengua. También tendrían a documentos oficiales (como tratados, informes o presupuestos) traducidos oficialmente.

La tercera pata de este cambio sería la simbólica. Sería un reconocimiento institucional del estatus político y cultural de estas lenguas, al nivel del español o el francés. Algo que para Cataluña, Galicia y el País Vasco tendría efectos en términos de identidad, fortaleciendo su estatus y visibilidad internacional.

El Gobierno insiste en que "el compromiso es claro" y trabajan "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos

Es por ello que para Junts per Catalunya ha sido un pilar base de sus negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado tras desvelar el aplazamiento de la votación que el Ejecutivo seguirá "trabajando y dialogando" con los socios europeos. Alegría ha defendido que "el compromiso es claro" y el objetivo es trabajar "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos los países .

Ha explicado que el Ejecutivo lleva años trabajando con los socios europeos para que se reconozca la "identidad plurilingüe" del país y en las últimas semanas se habían conseguido "grandes avances", con un "amplio" grupo de Estados dispuestos a apoyar esta medida. Sin embargo, un grupo "menor", que no ha cuantificado, ha solicitado más tiempo e información y España ha decidido aceptar esa petición para seguir dialogando.

Alegría ha arremetido contra el PP por su "posición contraria" al reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE y en especial ha criticado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "ya no le gusta el gallego" pese a que defendió su uso "normalizado" en las escuelas de Galicia cuando era presidente de la Xunta.

Entiende que ahora "ya no está de acuerdo" con el reconocimiento de la "realidad plurilingüe" de España y ha recordado que la utilización del catalán, el euskera y el gallego está reconocida en esta legislatura en el Congreso, de modo que todos los diputados pueden intervenir en sus propias lenguas en todas las actividades. La portavoz ha revelado que al Gobierno le parecía que la próxima celebración de los 40 años la adhesión de España a la UE era una "fecha muy significativa" para lograr un reconocimiento para el que, ha reiterado en su comparecencia, el Ejecutivo seguirá trabajando.