La familia de Sara Gómez, fallecida tras una liposucción, denuncia al consejero de Salud de Murcia por omisión del deber

La familia de Sara Gómez, la joven fallecida en enero de 2023 tras someterse a una lipoescultura y cuyo caso derivó en la "ley Sara" contra el intrusismo, ha registrado este jueves una denuncia ante la Fiscalía en la que acusa al consejero de Salud, Juan José Pedreño, de presuntos delitos contra la salud pública, prevaricación y encubrimiento o cooperación necesaria en su muerte.

Sara Gómez fue operada el 2 de diciembre de 2022 en el centro privado Virgen de la Caridad de Cartagena, del que fue trasladada en estado crítico al hospital público Santa Lucía de esa ciudad, donde falleció un mes después.

El caso está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad portuaria, cuya titular ha procesado tanto al cirujano como al anestesista que llevaron a cabo la operación estética, así como a otros ocho médicos del hospital público.

La familia de la fallecida quiere ahora que se investigue también a los altos cargos de la Consejería de Salud porque, según han explicado a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia, la clínica privada, que pertenece al Grupo Ribera, no cuenta con la autorización pertinente para practicar operaciones de cirugía estética.

Así, según ha detallado Rubén Gómez, hermano de la víctima, los centros médicos en los que se practican este tipo de intervenciones requieren por ley de una autorización específica para ello, que es diferente a las autorizaciones para otros tipos de cirugía, incluida la cirugía plástica y reparadora.

La autorización la cursa la Consejería de Sanidad y la familia ha aportado pruebas a la Fiscalía de que este centro no cuenta con ella, un hecho que, según Gómez, ya habían puesto sobre la mesa en la istración regional hasta en cinco ocasiones anteriores.

El pasado 27 de mayo, durante el debate de una moción en la Asamblea Regional en la que se pedían medidas de reparación para la fallecida, entre ellas, que se revocara la autorización al hospital privado para realizar este tipo de intervenciones, la diputada del PP María del Carmen Ruiz Jódar reconoció que el centro carecía de ese permiso, lo que para la familia de la víctima demuestra que en la Consejería de Salud eran conocedores de esta irregularidad.

Para Rubén Gómez, que ha acudido a los juzgados acompañado por la otra hermana de la fallecida, Nora, y por sus padres, Felisa y Damián, ese conocimiento puede ser constitutivo de un delito de "prevaricación istrativa por omisión", por la "permisividad" y "pasividad" de las autoridades.

Además, ha recordado que la clínica tiene abiertos varios procesos judiciales derivados de las consecuencias de otras operaciones estéticas, por lo que consideran que los representantes de la Consejería, con su "tolerancia y pasividad", pueden ser responsables de un delito contra la salud pública, de otro de omisión del deber de perseguir delitos, así como de los de "encubrimiento o cooperación necesaria de autoridades istrativas" y de "cooperación necesaria en el homicidio de Sara". "Viendo la extrema gravedad de los hechos, esperamos que el Ministerio Fiscal actúe de inmediato", ha sentenciado.