El foco ya no está en los trabajadores: la justicia apunta a los políticos que firmaron los protocolos de la vergüenza

Por fin. Cinco años después de que miles de mayores murieran en las residencias de Madrid durante la primera ola del COVID-19 sin ser trasladados a un hospital, la justicia empieza a moverse. Durante mucho tiempo, los familiares de las víctimas han chocado contra una pared judicial: querellas que no avanzaban, jueces que se negaban a ver relación entre las decisiones políticas y las muertes, y responsables que solo declaraban como testigos, nunca como investigados. Hasta ahora.

Dos jueces han decidido reabrir el caso desde otra perspectiva. Y ya hay dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que han sido citados como investigados. Se trata de los autores de los famosos protocolos de la vergüenza enviados a las residencias entre marzo y abril de 2020. Aquellos documentos que decían —negro sobre blanco— que no debían ser derivados al hospital los mayores con enfermedades terminales, deterioro cognitivo, discapacidad o en cuidados paliativos. Y que, por si fuera poco, esas órdenes solo se aplicaban a mayores que vivían en residencias, no a quienes vivían en casa.

El resultado fue trágico: 7.291 personas murieron en residencias madrileñas sin ser trasladadas a hospitales. Casi un 80% de los mayores fallecidos en esos centros nunca tuvieron a una cama hospitalaria.

¿Qué delito se investiga ahora?

Hasta ahora, las querellas se basaban en delitos como homicidio imprudente u omisión del deber de socorro, pero esas vías no prosperaron. ¿Por qué? Porque es muy difícil demostrar, en cada caso, que una persona murió por no haber sido trasladada, y no por la gravedad inevitable del virus.

Pero ahora el enfoque ha cambiado. Se investiga un delito distinto, más claro y directo: denegación discriminatoria de una prestación sanitaria pública. Es decir, si un cargo público impide que una persona reciba atención médica por razones discriminatorias (como su edad, su discapacidad o su enfermedad), puede enfrentarse a penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Y eso es justo lo que contenían esos protocolos: una criba por salud, por dependencia y por discapacidad. No se trataba de una saturación puntual del sistema sanitario. Era una orden por escrito. Una instrucción clara y deliberada.

¿Quién dio la orden?

Uno de los firmantes de esos documentos, Carlos Mur, ya ha señalado que no actuó solo. Él los redactó, pero recibió instrucciones y el visto bueno de sus superiores. Los familiares de las víctimas exigen que se amplíe la investigación a la cadena de mando, empezando por los entonces consejeros de Sanidad e Interior, y llegando hasta la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que estaba al frente del Gobierno regional.

Hasta ahora, ninguna instancia judicial había querido ir tan lejos. Se investigó a personal de las residencias: médicos, enfermeros, auxiliares. Ninguno fue condenado. Muchos hicieron lo que pudieron, sin recursos y sin apoyo. Pero los responsables de las decisiones políticas permanecieron fuera de foco.

Hoy, por primera vez, la justicia les mira directamente.

¿Y ahora qué?

Ahora comienza una nueva etapa. Los cargos citados tendrán que declarar como investigados, no como testigos. Ya no podrán escudarse en que solo redactaban documentos técnicos. Tendrán que explicar quién dio la orden, por qué se excluyó a miles de personas del sistema sanitario, y quién asumió la responsabilidad de dejar morir sin atención a quienes más la necesitaban.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen luchando. No piden venganza. Piden verdad, justicia y responsabilidades. Porque alguien decidió que ciertos mayores no merecían ser salvados. Y eso no puede quedar impune.