Una decisión política
Del protocolo a la tragedia: la Justicia analiza si la muerte de más de 7.000 mayores en las residencias de Madrid durante la pandemia fue evitable
El contexto Tres ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid están siendo investigados por los llamados 'protocolos de la vergüenza', aplicados durante la primera ola de la pandemia, que podrían haber condicionado el a atención médica de miles de mayores en residencias.
Cinco años después del inicio de la pandemia, la Justicia ha dado un paso relevante: por primera vez, se investiga penalmente a ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias de mayores, donde fallecieron 7.291 personas entre marzo y mayo de 2020. Las muertes ocurrieron en un contexto de restricciones hospitalarias impuestas por 'protocolos de la vergüenza' que, según denuncian familiares y profesionales, seleccionaban qué residentes podían ser derivados a centros sanitarios y cuáles no.
Tres ex responsables del Ejecutivo regional han sido citados como investigados, entre ellos Antonio Burgueño, exasesor sanitario y figura clave en la elaboración de los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Su declaración, prevista para este lunes, ha sido pospuesta tras alegar que no han tenido completo a la denuncia que ha originado el procedimiento.
Una decisión política con consecuencias
La investigación pone el foco en una decisión istrativa que marcó el rumbo de la gestión: la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, resolvió que la coordinación de las residencias pasara de la Consejería de Políticas Sociales —dirigida entonces por Alberto Reyero, de Ciudadanos— a la Consejería de Sanidad, encabezada por Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular. Fue esta última área la que emitió cuatro versiones de protocolos que, según consta en documentos oficiales, desaconsejaban o directamente prohibían la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, demencia o alto nivel de dependencia.
Pese a que la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones que los 'protocolos de la vergüenza' eran "borradores enviados por error", lo cierto es que estaban firmados por responsables públicos y fueron aplicados en numerosos centros, según atestiguan trabajadores y familiares de residentes. Uno de los investigados ha reconocido su participación en la redacción de los mismos, y otro fue el encargado de definir su contenido técnico para que los profesionales los aplicaran.
El contraste con otras comunidades
La Comunidad de Madrid no fue la única en establecer criterios restrictivos ante la presión asistencial. Sin embargo, otras regiones adoptaron medidas adicionales para garantizar atención sanitaria a los mayores dentro de las residencias: Galicia habilitó centros medicalizados, Andalucía destinó personal de enfermería especializado, y comunidades como Aragón y Castilla y León organizaron equipos móviles para atender casos graves en los propios centros.
En Madrid, en cambio, miles de personas mayores murieron sin haber sido trasladadas a un hospital, ni haber recibido una valoración médica presencial. Esa diferencia de enfoque es hoy una de las claves del proceso judicial.